La Contraloría  General de la República informó este miércoles que desde 2012 recibió denuncias por parte de algunos congresistas sobre la posible concentración de tierras con antecedentes de baldíos en distintas regiones del país.

"De acuerdo con sus competencias, este organismo de control ordenó realizar dos Actuaciones Especiales, cuyo resultado fue presentado al país en su momento, como se puede apreciar en los siguientes links: (https://goo.gl/2sNNC5  y https://goo.gl/ZP5CpU)", informa el ente de control.

El equipo de trabajo que realizó estas Actuaciones estuvo liderado por el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario de ese entonces, y contó con la participación de funcionarios y contratistas de esta Delegada. Y en el Informe publicado se recogió de manera especial el aporte del profesor Luis Jorge Garay sobre el tema (https://goo.gl/KmAodb).

Como consecuencia de lo anterior, explicó la entidad, "la actual administración de la CGR dio inicio a distintas actuaciones (indagaciones preliminares y apertura de antecedentes), con el objeto de verificar la posible incidencia fiscal advertida en dichos informes".

Indicaron que "se concluyó que no existía mérito para considerar un detrimento patrimonial o daño fiscal derivado de las transacciones privadas que conllevaron a la eventual acumulación de propiedad rural por encima de los topes permitidos por la Ley y se decidió archivar el proceso"

A pesar del cierre de las investigaciones fiscales, y como se suele hacer en estos casos, correspondió a la CGR trasladar a la Agencia Nacional de Tierras la información recopilada, a fin de que este organismo verifique si existió vulneración o acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de sus requisitos legales, y si considera iniciar los casos judiciales dirigidos a anular las ventas de predios de origen.

Igualmente, se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación para el caso de funcionarios que hayan incumplido con sus deberes en este asunto, y a la Fiscalía General de la Nación para la eventual falta en que hubieran podido incurrir los particulares respecto a los mismos hechos.